La propiedad privada resulta injusta y la propiedad pública presenta otros problemas, enfrentándose a una ola privatizadora. ¿Es posible una gestión colectiva de los asuntos públicos que no sea privada ni estatal, sino comunal? ¿Una gestión participativa que genere derechos pero también exija deberes a los miembros de una comunidad en acción? Una de las funciones del poder político en nuestras sociedades es la defensa del bien público, pero a pesar de ello incumple a menudo esta función y acaba sometido a intereses particulares privados. El conjunto de la sociedad no tiene, por tanto, garantías de que se estén tomando las decisiones justas y necesarias en relación a la gestión de recursos claves para nuestro bienestar y subsistencia: educación, sanidad, energía, agua... Al mismo tiempo, surgen alternativas para gestionar nuestra economía de manera horizontal y democrática. El concepto "común" ha aparecido con fuerza en el escenario político como un reflejo de la necesidad social de repensar la gestión de lo público. El politólogo Joan Subirats, especialista en gobernanza y gestión pública, y Cés